“El ministro de Defensa, Pedro
Morenés Eulate, fue consejero y representante de la empresa
Instalaza S.A., fabricante de bombas de racimo. El ministro de
Defensa entró a formar parte de Instalaza S.A. el 26 de agosto de
2005 como consejero. Estuvo en ese puesto casi dos años, hasta el 31
de mayo de 2007, fecha en la que cesó para ser nombrado
representante, cargo que ostentó hasta el 20 de septiembre de
2011.”
¿El ministerio del interior sabe cómo es posible que armas
descatalogadas españolas, “bombas de racimo”, ni más ni menos,
fueran vendidas en el exterior, para que hicieran su trabajo? (matar
personas indiscriminadamente).
Teniendo en cuenta que fueron retiradas
del arsenal español por un tratado internacional que firmó España,
pero ¿quién vendió esas armas que estaban custodiadas por el
ejercito, que fueron utilizadas contra población civil, a los
catalogados como “terroristas”, incumpliendo la normativa
mundial, europea y nacional sobre la venta de armas de destrucción
masiva?.
Eso sí debería de preocupar a interior, pero claro, como tienen a
los agentes del cni persiguiendo fantasmas.
“Human Rights Watch (HRW)
confirmaba lo que era de esperar: España y otros países que se
habían comprometido a eliminar las bombas de racimo habían
destruído ya un total de 176.000 artefactos. Según EFE, España se
adscribió no obstante a la excepción que permitía conservar los
artefactos de racimo que no excedían las 20.000 minibombas con el
fin de investigar y entrenar.
La polémica se desató en el año 2011
el 15 de abril. El periódico estadounidense The New Yorkr Times
sacaba a la luz una información
http://www.nytimes.com/2011/04/16/world/africa/16libya.html?_r=3&hp&
Denunciaba el uso de bombas racimo por
parte de las fuerzas del entonces líder libio, Muamar Gadafi, contra
la población civil libia. Según destapaba el diario estadounidense,
las bombas de racimo descubiertas se correspondían a proyectiles
de mortero MAT-120 fabricados en España en el año 2007. The
New York Times apuntaba directamente a una empresa española:
Instalaza S.A., de la que fue consejero y posteriormente
representante el recién nombrado ministro de Defensa, Pedro Morenés
Eulate. “
Lo asombroso de toda esta historia es
lo fácilmente que han tapado que alguien contradiciendo la normativa
mundial, europea y nacional vendiera armas de destrucción masiva,
aprovechando el poder que tenía y obteniendo un beneficio económico,
político.
Si dejamos el control de las armas de
destrucción masiva a personas que las venden al mejor postor, no es
de extrañar que algún día, puedan atacar el país con esas mismas
armas, que fabricamos y alguien vendió, porque tenía poder para
robar las armas y vender estas sin que nadie dijera nada.
Los servicios secretos, interior,
exterior y el gobierno, están para impedir que estas cosas pasen, a
no ser que quien las haga, forme parte del gobierno y lo militar y
puedan esconder toda esta putrefacción.
Va a resultar, que matar personas con
armas españolas de destrucción masiva es legal, si secuestras el
sistema y mantienes a los ciudadanos en la más absoluta ignorancia.
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